La organización agraria ha señalado que los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ponen de manifiesto que la campaña 2023/24, que finaliza el 30 de septiembre, acabará con la menor cantidad de aceite de enlace de los últimos años -200.000 toneladas-, “lo que en la práctica supone que las bodegas estarán prácticamente vacías hasta que llegue, en el mes de diciembre, el grueso de la cosecha”, ha puntualizado Juan Luis Ávila, responsable del sector de olivar de COAG.
“La realidad es que técnicamente el inicio real de la campaña de producción se hará con las bodegas a cero en España, en Europa y en el mundo, teniendo en cuenta que las salidas mensuales de aceite se están situando en torno a las 70.000/80.000 toneladas”, ha indicado Ávila.
COAG ha recordado que, según los datos aún provisionales de la AICA, en el mes de agosto había unas existencias de 271.968 toneladas de aceite de oliva (49.216 toneladas menos que el año pasado), de las cuales 138.662 toneladas se encontraban en manos de los productores; 131.741 toneladas de los envasadores; y 1.564 en el Patrimonio Comunal Olivarero.
En este contexto, la organización ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que "concrete de forma urgente el desarrollo de la norma de almacenamiento, congelada desde hace tres años. Con un stock estratégico de aceite almacenado se podrían evitar fluctuaciones tan acusadas al alza para los consumidores en épocas de sequía como las actuales, al tiempo que se podría garantizar una estabilidad de precios a los agricultores en campañas de gran producción, retirando producto del mercado".
COAG ha indicado que el Consejo de Ministros aprobó el 9 de febrero de 2021 un Real Decreto que desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios de la Unión Europea para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva. Este Real Decreto permite que el MAPA, ante situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado pueda -previa consulta a las Comunidades Autónomas y a los representantes del sector- determinar a través de una orden una retirada temporal de producto de manera obligatoria para todos los operadores del sector hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su destino a uso no alimentario. “El problema es que en el decreto no se establecen cifras ni se concretan los casos en los que se puede producir esta intervención, cuestión que debería haber definido ya el MAPA”, ha recordado Juan Luis Ávila.
"La norma posibilita la autorregulación en un cultivo cuya producción se encuentra caracterizada por el fenómeno de la vecería, con campañas de producciones muy altas alternadas con otras de rendimientos bajos. Esta es una de las causas de la gran volatilidad de los precios, que tiene a su vez una clara incidencia en la viabilidad económica de muchas de las explotaciones oleícolas, en particular las más tradicionales", ha concluido.
