Según Bruselas, estas propuestas tienen por objeto reforzar la posición de los agricultores y restablecer la confianza entre los agentes de la cadena de suministro agroalimentario. “Ambas propuestas reflejan directamente varias recomendaciones del Diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE y responden a algunos de los retos más acuciantes a los que se enfrenta el sector agrícola”, ha añadido.
En concreto, estas enmiendas específicas tienen por objeto reforzar la posición de los agricultores en la cadena y lograr un mayor grado de confianza entre los agentes mediante la mejora de las normas de los contratos entre agricultores y compradores, haciendo que los contratos escritos sean una obligación general y mejorando la forma en que los contratos a largo plazo tienen en cuenta la evolución del mercado y las fluctuaciones de los costes y las condiciones económicas.
También incluyen la obligatoriedad de establecer mecanismos de mediación entre los agricultores y sus compradores; y el impulso de las organizaciones de productores y sus asociaciones mejorando su poder de negociación, permitiendo a los Estados Miembros concederles más apoyo financiero en el marco de las intervenciones sectoriales de la PAC y simplificando las normas sobre su reconocimiento jurídico.
Además, permiten la autorización a la UE para apoyar financieramente a las organizaciones de productores que adopten iniciativas privadas para gestionar las crisis; la definición de cuándo pueden utilizarse términos opcionales como “justo”, “equitativo” y “cadenas de suministro cortas” para describir la organización de la cadena de suministro al comercializar productos agrícolas.
A su vez, se amplía la posibilidad de que los agricultores y otros agentes acuerden iniciativas de sostenibilidad con determinadas dimensiones sociales, como el apoyo al relevo generacional, la preservación de la viabilidad de las pequeñas explotaciones o la mejora de las condiciones de trabajo de los agricultores y los trabajadores agrícolas.
Paralelamente, la Comisión propone nuevas normas sobre la aplicación transfronteriza de la normativa contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario prohibidas por la denominada “Directiva sobre prácticas comerciales desleales”. De media, según sus datos, alrededor del 20 % de los productos agrícolas y alimentarios consumidos en un Estado Miembro proceden de otro país comunitario. “Es necesario reforzar la cooperación de las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la normativa, en particular mejorando el intercambio de información, las investigaciones y la recaudación de sanciones”, ha detallado.
La propuesta introduce normas de procedimiento sobre cómo se llevaría a cabo y se lograría la cooperación en los casos transfronterizos. Al establecer un mecanismo de asistencia mutua, las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la normativa tendrán la posibilidad de solicitar e intercambiar información y solicitar a otra autoridad encargada de la aplicación de la normativa que adopte medidas de aplicación en su nombre. Este enfoque, según la CE, permite a las autoridades encargadas de la aplicación de la normativa acordar la puesta en marcha de una acción coordinada siempre que exista una sospecha razonable de prácticas comerciales desleales generalizadas con una dimensión transfronteriza.
Las modificaciones legislativas específicas propuestas por la CE relativas a la OCM y el nuevo reglamento sobre la aplicación transfronteriza de las prácticas comerciales desleales serán ahora debatidas por el Parlamento Europeo y el Consejo con vistas a su adopción.
