El Código de Buenas Prácticas Mercantiles, un paso decisivo para incrementar la eficiencia del sector agroalimentario español

García Tejerina presidió ayer, en la sede del Ministerio, el acto de adhesión de empresas al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, un sistema de autorregulación que establece los compromisos generales a asumir por los operadores en los contratos y los acuerdos comerciales.

En su intervención, la ministra destacó el esfuerzo de su Departamento y de las asociaciones representativas de los agricultores, las cooperativas, las industrias y la distribución alimentaria para poner en marcha este Código, al que ya se han adherido 78 entidades, y varias más se encuentran en proceso de incorporación. En particular, la titular de Agricultura reconoció la decisión de adherirse a un Código voluntario y el trabajo necesario para su puesta en marcha.

Principios básicos

Según señaló García Tejerina, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles establece una serie de principios básicos en las relaciones comerciales, como son el equilibrio y la justa reciprocidad entre las partes, la libertad de pactos, la buena fe, la equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, la cooperación y la transparencia, así como el respeto a la libre competencia y la sostenibilidad de la cadena alimentaria.

Estos principios, en su opinión, “son los pilares necesarios para que la cadena alcance un mayor equilibrio entre los distintos eslabones, y que contribuya a que contemos con un sector fuerte y cada vez más competitivo”.

Además de los compromisos generales, el Código aborda las prácticas en relación a aspectos clave, como la negociación, la gestión, la innovación y la información. Asimismo, incluye compromisos adicionales relacionados con la garantía de la calidad de los productos, la reducción de los desperdicios alimentarios y el refuerzo de la cooperación ante situaciones de crisis de mercado.

En este marco, la ministra precisó que también se establece un sistema de resolución de conflictos, que obliga a las empresas adheridas a diseñar un procedimiento interno para su resolución.