Presentada el jueves pasado en una reunión del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria de la UE, la metodología consiste en un procedimiento armonizado para evaluar de forma objetiva las diferencias percibidas en la calidad de los productos. Basado en principios clave como la transparencia, la comparabilidad, la similitud en el muestreo y el ensayo de los productos, este nuevo método pretende ayudar a las autoridades a determinar si los productos alimenticios se comercializan respetando el derecho de la UE.
Está previsto que laboratorios de varios Estados miembros de la UE, coordinados por el Centro Común de Investigación, comiencen a aplicar esta metodología en una campaña paneuropea de ensayos para recopilar datos sobre el alcance del problema de la dualidad en la calidad. Se espera disponer de los primeros resultados a final de 2018.
Sector oleícola
José Alba, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla e investigador científico del IG-CSIC, ve “lógico” todo lo que expone la CE, pero “complicado de aplicar por las empresas frente a los consumidores de la UE”.
En el caso que afecta a los productos derivados de las aceitunas, Alba considera “deseable que los consumidores de la UE tuvieran la información necesaria y real sobre cómo se producen, cuáles son sus composiciones, las calidades diferenciales, los efectos de su consumo continuado en la salud, etc., en los diferentes tipos de aceites que se comercializan”. Sin embargo, manifiesta que se trata de una “misión claramente dificultosa de cumplir con los consumidores”.
Para el investigador, el etiquetado normalizado con “información clara y consecuente” (identidad, modo de elaboración, composición, características diferenciales de calidad, naturaleza, alérgenos, volumen, vida útil, información nutricional, país de origen o lugar de procedencia, etc.) es un objetivo “verdaderamente complejo de cumplir por todos los países productores de la UE”. La mayor dificultad radica -según el doctor- en el suministro de la debida información y sensibilización a los consumidores y también en los sistemas y medios de inspección de los diferentes países de la UE.
Por último, Alba consideró “otro gran problema, aunque corregible” la denominada “sustancial” actuación de los operadores de las empresas para conseguir el fin pretendido.
