La nueva norma pretende afianzar y actualizar el vigente sistema de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y aceituna de mesa. Unas declaraciones que los Estados miembros deben presentar a la Comisión Europea con las notificaciones sobre precios y producciones, para dotar a los mercados de mayor transparencia.
Asimismo, con la nueva normativa se incorpora la Sentencia por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña sobre las funciones de AICA en relación con estos controles.
En el Real Decreto se complementa el sistema de declaraciones obligatorias con un censo de instalaciones y operadores oleícolas obligados a declarar, con el fin de disponer de las mejores informaciones de sus mercados, potenciando su transparencia.
También se adaptan algunos aspectos de la normativa por la que se regula el potencial de producción vitícola, con el objetivo de completar la información que las CCAA deben comunicar en la aplicación de la misma.
