En estos cinco años, la AICA ha recibido 243 denuncias, entre ellas 33 en el sector oleícola. También se han recibido 68 que denunciaban posible “venta a pérdidas”, que fueron trasladadas a las Comunidades Autónomas correspondientes, ya que son las autoridades competentes para sancionar en esta materia, según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Las inspecciones han concluido con casi 1.500 infracciones con sanción y entre los sectores con mayor número de incumplimientos se encuentra el oleícola (183).
En general, el motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los pagos de plazo (44%), seguido de la ausencia de contratos (16%) y no suministrar la información requerida (13,21%), no incluir todos los extremos en los contratos (8%), y el resto por cometer más de una infracción.
Asimismo, un 40% de las infracciones sancionadas son atribuidas a la industria agroalimentaria, el 31% a la distribución comercial mayorista, el 19% a la distribución comercial minorista y el 10% a los productores.
El importe total de las sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena asciende a 10,2 millones de euros, que se reparte por la cadena de la siguiente manera: 75% minoristas, 14,5% industria, 10,1% mayoristas y 0,4% productores.
Por otro lado, la AICA, que inicia e instruye el procedimiento sancionador en caso de incumplimientos a la Ley de DOPs e IGPs de ámbito territorial supra-autonómico ante las denuncias presentadas por los Consejos Reguladores, ha incoado 188 expedientes sancionadores en estos 5 años.
En cuanto al control de las declaraciones en el sector oleícola, AICA ha realizado en este periodo 3.800 inspecciones con la finalidad de comprobar la veracidad de los datos de las declaraciones. Desde 2018, ejerce su actividad de inspección en aquellas comunidades autónomas que han firmado un convenio de encomienda de gestión con el Ministerio y que actualmente son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja y Madrid.
Reforzar inspecciones
Durante el acto, Planas apuntó que la AICA tiene previsto reforzar en 2019 su planificación proactiva de las inspecciones, con el objetivo de luchar contra las prácticas comerciales abusivas y para que la remuneración que reciban los eslabones más débiles pueda verse mejorada.
Para ello, el sexto Plan de Control que ayer se presentó en el Consejo es aún más ambicioso, según el MAPA, ya que incluye un programa general de vigilancia, con una planificación de actuaciones a lo largo de este año en momentos concretos, como la campaña de producción de sectores más vulnerables o programas para operadores determinados que se han identificado con mayor riesgo para el cumplimiento de la ley de la cadena.
Retos
Como retos de futuro, Planas señaló la importancia de lograr una implantación plena de contratos en el sector agroalimentario. Para ello, desde la AICA se trabaja en una planificación de jornadas para difundir un mayor conocimiento de la ley y de la labor de este organismo entre los agentes de la cadena alimentaria.
También será necesario realizar un trabajo de adaptación de AICA como Agencia Europea, como contempla la Directiva de prácticas comerciales desleales, recientemente acordada en la Unión Europea.
