El PE aprueba su posición sobre la reforma de la PAC

Los eurodiputados respaldaron un cambio de orientación para adaptar la política agrícola a las necesidades de cada país concreto, pero insistieron en mantener unas condiciones de competencia equitativas en toda la UE. Los gobiernos nacionales tendrán que redactar planes estratégicos -que serán aprobados por la Comisión- detallando la forma en que piensan aplicar los objetivos de la UE sobre el terreno. La Comisión comprobará los resultados, y no solo que cumplan con la normativa europea.

Los eurodiputados recalcaron que los objetivos de los planes estratégicos deben alinearse con los compromisos sobre clima de París.

El Parlamento refuerza las prácticas obligatorias en materia de clima y medio ambiente, las conocidas como "normas de condicionalidad" que cada agricultor tiene que aplicar para poder optar a las ayudas directas. Además, los eurodiputados quieren que se dedique al menos el 35% del presupuesto para desarrollo rural a todo tipo de medidas dirigidas a frenar la degradación del medio ambiente y el cambio climático. Al menos el 30% del presupuesto para pagos directos se reservará para los regímenes ecológicos, que serán voluntarios pero podrán complementar la renta de los agricultores.

Los eurodiputados insisten en que cada Estado Miembro implante servicios de asesoramiento agrícola y en que al menos el 30% de los fondos europeos se destine a ayudar a los agricultores a combatir el cambio climático, gestionar los recursos naturales de forma sostenible y proteger la biodiversidad. También piden a los Estados Miembros que incentiven a los agricultores para que reserven un 10% de sus tierras a elementos paisajísticos beneficiosos para la biodiversidad, como los setos, los árboles no productivos o los estanques.

Los eurodiputados abogan por reducir progresivamente el máximo de los pagos directos a los agricultores que reciben más de 60.000 euros anuales y limitarlos a 100.000 euros anuales, pero los agricultores podrían deducir el 50% de los sueldos relacionados con la agricultura del importe total antes de la reducción. Al menos el 6% de los pagos directos nacionales deberá utilizarse para apoyar a los agricultores de pequeñas o medianas explotaciones, pero, si se utiliza más del 12% el límite máximo pasará a ser voluntario.

Los Estados de la UE podrán usar al menos el 4% del presupuesto que destinan a pagos directos para apoyar a los jóvenes agricultores. También podrán obtenerse ayudas del Fondo de Desarrollo Rural, y en este caso tendrán prioridad las inversiones de los jóvenes agricultores.

El Parlamento insiste en que las ayudas europeas han de reservarse para quienes ejerzan un mínimo de actividad agraria. Debe excluirse automáticamente a quienes gestionen aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios o instalaciones deportivas y recreativas permanentes.

Asimismo, la Eurocámara reclama más medidas para ayudar a los agricultores a afrontar los riesgos y posibles crisis futuras. En este sentido, quiere un mercado más transparente, una estrategia de intervención para cada producto agrícola y que las prácticas beneficiosas para el medio ambiente y la salud o el bienestar de los animales no estén sujetas a las normas sobre competencia. También pide que la reserva de crisis, que ayuda a los agricultores a resistir ante la inestabilidad de los precios o del mercado, deje de ser un instrumento ad hoc y se convierta en permanente, con presupuesto propio.

Además, el Parlamento quiere aumentar las sanciones contra quienes incumplan reiteradamente las condiciones impuestas por la UE, por ejemplo, sobre medio ambiente o bienestar animal. La reincidencia costará a los agricultores una reducción del 10% del importe total de los pagos (frente al 5% actual).

También plantea que se cree un mecanismo europeo de reclamación ad hoc . El objetivo de este mecanismo sería proteger a los agricultores y a los beneficiarios rurales que sufran un trato injusto o estén en situación de desventaja ante las subvenciones de la UE, en los casos en que el Gobierno nacional no haya tramitado bien su reclamación.

La actual normativa de la PAC expira el 31 de diciembre de 2020 y la sustituirán unas disposiciones transitorias hasta que se llegue a un acuerdo sobre la reforma de la PAC y este sea aprobado por el Parlamento y el Consejo.