Las cooperativas piden modificar el proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria para no generar disfunciones en el mercado

En su discurso, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal, destacó que las cooperativas “son las primeras defensoras de la norma y de vender siempre por encima de costes (…) pero la ley, tal y como está planteada, no se puede aplicar con garantías de éxito y genera muchas incertidumbres, por lo que el Consejo Rector de la federación ha aprobado encargar a un despacho de abogados el estudio de su validez jurídica”.

En la misma línea se pronunció la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien calificó el proyecto de ley, así como la obligatoriedad de vender por encima de costes, establecida en el Real Decreto-Ley 5/2020, de “impracticable”. La titular del ramo solicitó “regular bien estas cuestiones, para no generar disfunciones y conseguir lo contrario a lo pretendido”.

En su opinión, hay que poner el foco en otros aspectos como son revisar los acuerdos con países terceros; vigilar el cumplimiento de los contingentes; primar la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria; dotar al sector de mecanismos de mercado ambiciosos; actualizar los precios de retirada en frutas y hortalizas y los valores para el almacenamiento privado de aceite de oliva; e incluir a la distribución en las interprofesionales del sector, “en donde no pueden faltar”.

A continuación, tuvo la mesa redonda “Análisis de la norma. Aspectos clave”, en la que debatieron el portavoz de Agricultura en el Senado, Amaro Huelva Betanzos (PSOE), y las diputadas y portavoces de la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos Ortega (PP) y Carmen Martínez Granados (Cs).

El senador Amaro Huelva explicó que era preciso reformar la Ley 12/2013 para adaptarla a la Directiva (UE) 2019/633, relativa a prácticas comerciales desleales, y que paralelamente “se ha pretendido cumplir un triple objetivo que es dotar de más transparencia a la cadena, equilibrar las relaciones entre los distintos eslabones, protegiendo al más débil, y lograr un entendimiento y espíritu de colaboración leal entre ellos”. Para ello, indicó que el proyecto amplía el catálogo de prácticas abusivas y los supuestos en los que hay que suscribir los contratos, haciéndolos extensibles a la compraventa con operadores de países comunitarios y terceros.

Al respecto, la diputada Milagros Marcos consideró que lo que se está consiguiendo con ello es “echar de los mercados al producto español” y añadió que, a fecha de hoy, “no se sabe cuáles son los criterios para establecer esos costes de producción ni quién los determina”, pese a ser uno de los artículos ya en vigor (artículo 12 ter.) por aplicación del Real Decreto-Ley 5/2020.

Por su parte, Carmen Martínez agregó que lo que hay que hacer es “aliviar los costes del sector productor para que pueda tener más margen y más poder negociador en la cadena, (…) y que una anomalía de la ley es, precisamente, que fomenta la competencia desleal”.

El análisis iniciado por los políticos continuó en la siguiente mesa redonda con los presidentes de Covap y Dcoop, Ricardo Delgado y Antonio Luque, respectivamente, y el director general de Unica Group, Enrique de los Ríos. Bajo el título “Del papel al campo. Visión cooperativa”, los representantes de las principales entidades andaluzas coincidieron en que las cooperativas son las primeras defensoras del sector productor y, desde su conocimiento y experiencia, el Congreso de los Diputados debe modificar el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena, con el fin de no generar males mayores.

“En nuestro grupo hay miles de agricultores y olivicultores cuyos costes varían entre 1 euro el kilo de aceite y cerca de los 3 euros”, explicó Antonio Luque. “¿Qué hacemos? ¿A qué precio de coste vendemos? Aplicarla nos genera graves problemas internos”. En consecuencia, advirtió de que esta ley puede causar una mayor atomización de las cooperativas y, por tanto, del sector productor.

El punto y final al webinar lo puso la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro, que lamentó la poca participación que se ha dado a las Comunidades Autónomas en la redacción del proyecto de ley y se comprometió a seguir trabajando para conseguir su modificación en el trámite parlamentario.