En ese acuerdo, según la federación, se decidió que los agricultores podrían liquidar sus productos en las fechas que estimasen más convenientes para sus intereses y no en el periodo cerrado de los 30 días posteriores a la fecha de entrega del producto, como así exigía hasta ese momento la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio. Una vez elegida la fecha de liquidación por el agricultor, se iniciaría el cómputo del plazo de los 30 días de pago que marca la Ley.
Según sus cifras, en noviembre se entregaron a almazaras industriales 671.643 toneladas de aceituna; en diciembre 950.374 t; y en enero 501.157 t.. Ante esto, "si el agricultor hubiera liquidado su aceituna según el criterio de la AICA, hubieran dejado de ingresar, porcentualmente algo más de un 45%, 28% y 21% en cada uno de estos meses", ha precisado en un comunicado.
Almazaras Federadas ha asegurado que los resultados reflejan las ventajas del cambio de criterio y que si se hubiera liquidado el producto con las anteriores condiciones, es decir, a 30 días desde la entrega de la aceituna, "los agricultores que entregaron aceituna en los meses de noviembre, diciembre y enero, hubieran dejado de percibir por la venta de su mercancía una cuantía global de 141.045.000 euros, 95.038.000 euros y 40.092.000 euros, respectivamente, pudiéndose aumentar esas cantidades en un mercado con una marcada tendencia al alza en los precios".
La secretaria general de Almazaras Federadas de España, Macarena Sánchez, ha afirmado que “afortunadamente, el tiempo nos ha dado la razón, y se ha comprobado que nuestras reivindicaciones y alertas eran tan justas como necesarias para la supervivencia del sector”.
Al mismo tiempo, Sánchez ha reivindicado una solución definitiva a una situación que solo busca el mayor beneficio para el agricultor: “no podemos seguir acudiendo a los juzgados a resolver un problema que no existe”.
