Los miembros de la Comisión debatirán y votarán el Informe de la Ponencia y las 347 enmiendas al articulado que los grupos parlamentarios han mantenido vivas. El informe muestra su conformidad con el texto propuesto por el Gobierno y, por lo tanto, no ha introducido modificaciones, según ha informado el Congreso.
Este proyecto de ley transpone la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario y la amplía de acuerdo con su artículo 9, que permite a los Estados Miembros "mantener o introducir normas más estrictas". Por esta razón, en lugar de aprobar una nueva norma, se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, del año 2013.
Las modificaciones introducidas, que pretenden "luchar contra la pérdida de valor en la cadena", afectan a su ámbito de aplicación, que se amplía a las pymes; a las relaciones entre mayoristas; y a las relaciones entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o cuando uno se encuentre en España y otro en un Estado Miembro, cuando no resulte de aplicación la legislación del otro Estado Miembro.
De igual forma, se amplían las prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, la modificación unilateral de los términos de un contrato, la divulgación de secretos empresariales o la cancelación de un pedido de productos perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado, entre otras. También se regulan los contratos alimentarios, que deberán figurar firmados por ambas partes y formalizarse antes del inicio de las prestaciones.
Asimismo, se modifica la definición de "cadena alimentaria", para incluir los productos agrícolas, que se suman a los alimentarios. También se añaden las definiciones de proveedor, productos agrícolas y alimentarios perecederos, comprador, autoridad pública, secretos empresariales, y entidades asociativas.
El texto también reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como interlocutor con las instituciones europeas y transfronterizas y encargada de establecer el régimen de control necesario para el cumplimiento de esta ley. Por su parte, las comunidades autónomas designarán sus propias autoridades en el ámbito de sus competencias.
Supresión de la venta a pérdidas
Por su parte, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, en representación de la producción; Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB y Promarca en nombre de la industria; y Asedas, como distribución, se han dirigido a los distintos grupos políticos con representación parlamentaria para pedir que se prohíba la venta a pérdidas en la nueva Ley de Cadena Alimentaria.
Del mismo modo, esta petición se ha reiterado a los ministros de Agricultura, Luis Planas, e Industria y Comercio, Reyes Maroto, por considerarse que sólo así quedará protegida la lealtad en las transacciones comerciales entre los operadores y la aportación de valor en todos los eslabones que intervienen en la cadena, según un comunicado conjunto de estas organizaciones.
Así, han incidido en la necesidad de extender la prohibición de la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluido el de la venta final, ya que supondría "otorgar el reconocimiento público al sector agrario como elemento estratégico en la cadena alimentaria".
