La elaboración de estos reales decretos es el resultado de las modificaciones introducidas en la Ley de la Cadena Alimentaria, que ha establecido la obligación de crear un registro digital en el que se deben inscribir los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y sus asociaciones, así como sus modificaciones, antes de la entrega del producto.
De esta manera, según el MAPA, se contribuye a incrementar la protección de los productores y sus agrupaciones, al poner a disposición de AICA y del resto de autoridades de ejecución designadas por las Comunidades Autónomas, un instrumento que facilitará las tareas de inspección y de control.
Asimismo, según ha señalado, se hace necesario modificar el Estatuto de AICA para adaptar las funciones de la agencia, incluyendo la de autoridad de ejecución nacional. También se eliminan determinadas funciones derivadas de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, y se adaptan referencias legislativas y algunos aspectos de la actividad inspectora de la agencia.
El plazo para el envío de observaciones a ambos texto finaliza el próximo 15 de julio, inclusive.
