La UCO colabora en la primera propuesta de clasificación de zonas para orientar las políticas de protección de suelo de la UE

La inminente aprobación de la Ley de Vigilancia del Suelo por parte de la UE va a marcar un antes y un después en la implementación de políticas para una gestión sostenible de este recurso. El primer paso es supervisar y evaluar la salud de todos los suelos, un deber que recae en los Estados Miembros y que permitirá después diseñar políticas de protección y gestión sostenible adaptadas a sus especificidades.

Para que las administraciones competentes puedan aplicar políticas concretas deberán conocer antes cómo son los suelos que componen sus territorios, por lo que es fundamental contar con información detallada para mejorar la gestión de este recurso. En este contexto, un equipo internacional experto en ciencias del suelo ha propuesto una serie de recomendaciones que puedan servir de apoyo a esas decisiones. El grupo está compuesto por 28 investigadores e investigadoras de diez países, y en él la representación española corre a cargo de la Universidad de Córdoba (UCO) , a través de dos investigadores de la Unidad de Excelencia María de Maeztu Departamento de Agronomía (DAUCO): Tom Vanwalleghem, del Grupo de Hidrología e Hidráulica Agrícola, y Antonio Rafael Sánchez Rodríguez, de la Unidad de Edafología.

Los resultados de este trabajo coordinado se han publicado en la revista científica Geoderma , especializada en ciencias del suelo, y se centran en proponer una definición para lo que se conoce como “soil districts”, un concepto clave que se relaciona con las distintas unidades básicas en las que se divide un territorio en función de factores como la climatología, la topografía, la cobertura o el tipo y uso del suelo. Aunque existen experiencias previas de propuestas para una zonificación de suelos, no existe a día de hoy un sistema de clasificación oficial y universal de la distribución de esos “distritos”, ni un consenso en torno a los indicadores que deben orientarla. Lo que plantea este equipo científico es una propuesta piloto para la distribución de distritos de suelo en siete países, una clasificación que trata de garantizar un manejo práctico sin renunciar a los criterios científicos que deben orientarlo. Este trabajo pretende ser un punto de partida para comenzar a trabajar en la definición de los distintos distritos del suelo que deberán proponer los Estados Miembros de la Unión Europea.

Los “soil districts” del territorio español

En el caso de España, la aproximación realizada por los investigadores contempla la existencia de 30 distritos distintos, que no se corresponden con ningún tipo de organización territorial administrativa sino que responden a la combinación ponderada de factores como el tipo de suelo, la cobertura, el clima y la topografía.

En esta clasificación, en base a los mismos criterios, países como Francia, con una superficie similar, distinguen hasta 120 distritos, y otros como Suecia se dividen en diez. Esta desproporción se explica por la heterogeneidad que presentan los territorios. En el caso de España, los distritos propuestos se ajustan bien a su geografía, siendo determinante su cercanía a los distintos sistemas montañosos, su proximidad a zonas costeras y marismas, a los bosques y sistemas agroforestales e incluso terrenos agrícolas.

Sin embargo, lo que determina la diferenciación como distrito no es un único elemento sino una combinación de factores. Por ejemplo, el Valle del Ebro y el sur de Andalucía comparten los suelos denominados como calcisoles como tipo de suelo predominante, pero estas dos áreas presentan gran variabilidad, desde zonas agrícolas fértiles hasta zonas desérticas, lo que hace que haya diferencias entre zonas cercanas que pertenecerían a distritos diferentes. En el noroeste de España (Galicia y Asturias), los umbrisoles son el tipo de suelo más habitual, pero se diferencian dos distritos de suelo debido a la influencia de la topografía y a la cobertura del suelo. Solo en la parte occidental del Sistema Central se distinguen al menos seis distritos diferentes.

Los investigadores explican que la implementación de este sistema podría facilitar el monitoreo de la salud del suelo a escala general, el primer paso de un largo camino. Por ejemplo, aún deben definirse las estructuras de gobernanza que tendrán las competencias en materia de suelos, involucrar a los agentes locales como mejores conocedores de la realidad de sus territorios y, por encima de todo, avanzar en la educación y sensibilización ciudadana sobre la importancia de proteger este recurso, del que no sólo dependen actividades esenciales como la agricultura sino que además son fuente de biodiversidad y uno de los mayores reservorios de carbono.