La futura norma tendrá por objeto la definición e impulso de la agricultura familiar, a través de un conjunto amplio de medidas que podrían, por ejemplo, priorizar este modelo en las diferentes líneas de ayudas, facilitar el acceso a la titularidad de la explotación, a la financiación o a las nuevas tecnologías, además de fomentar el relvo generacional y visibilizar el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Todo ello siempre con respeto a las competencias y desarrollo autonómicos.
Asimismo, se modificarán otras normas relacionadas con el sector, con el fin de lograr un desarrollo completo de este tipo de iniciativas, desde diversas perspectivas (titularidad compartida o mejoras en el sistema de arrendamientos rústicos, entre otras).
Según el MAPA, la elaboración de esta nueva norma obedece a la necesidad de actualizar la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que supuso un hito muy destacado en su momento para modernizar el sector agrario. "Si bien en el momento de su aprobación afrontó los retos de mayor relevancia para el sector, en la actualidad, transcurridos 30 años desde su promulgación, requiere de una adaptación a la realidad social, económica y normativa, que además haga frente al solapamiento entre categorías jurídicas y a la dispersión normativa en este campo", ha añadido.
A su juicio, "la ley hará frente a uno de los principales retos que tiene ante si el sector agrario, el relevo generacional. Según los datos del último censo agrario (2020), el 41% de los jefes de explotación son mayores de 65 años. Para superar este escollo son necesarias medidas de impulso a este modelo de agricultura y ganadería".
El censo agrario indica también que en la última década se ha reducido el número de explotaciones agrarias un 7,6%, hasta situarse en 914.871, una disminución "que ha afectado especialmente a las explotaciones de menor dimensión", ha resaltado.
"El sector agrario está inmerso en una profunda transformación hacia unos sistemas de producción más sostenibles, tanto económica como ambiental y socialmente. Ello implica que no sólo debe cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por la UE y sus objetivos ambientales, sino también lograr una actividad rentable y hacer frente a desafíos como la adaptación al cambio climático, la competencia de otros países y las necesidades de los consumidores", ha subrayado el MAPA.
En este sentido, "la innovación, la digitalización y los nuevos conocimientos y técnicas disponibles, permiten lograr unas producciones más eficientes, rentables y sostenibles. Sin embargo, las explotaciones familiares, en ocasiones por su menor tamaño y capacidad financiera, pueden tener más dificultades para acometer las inversiones necesarias o beneficiarse de las ventajas que ofrecen las economías de escala. Por ello, es necesario apoyar de forma diferencial a las explotaciones familiares para que puedan mejorar y aportar beneficios a la sociedad y el medio ambiente", ha apuntado el MAPA.
Ante todas estas necesidades del sector, el MAPA ha considerado oportuna y procedente la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar, que englobe tanto los nuevos aspectos mencionados, como el contenido, debidamente puesto al día, de la norma sobre modernización de las explotaciones agrarias.
