Según el acuerdo, los Estados Miembros deberán monitorear y evaluar la salud del suelo en sus territorios utilizando descriptores comunes (que caracterizan los aspectos físicos, químicos y biológicos de la salud del suelo para cada tipo de suelo) y una metodología de la UE para los puntos de muestreo.
Para simplificar la labor de los Estados Miembros, éstos podrán basarse en campañas nacionales de monitoreo del suelo u otras metodologías equivalentes.
Con el fin de reflejar los diferentes niveles de degradación del suelo y las condiciones locales, los gobiernos nacionales establecerán objetivos sostenibles no vinculantes para cada descriptor de suelo, en consonancia con el objetivo general de mejorar la salud del suelo.
Sin nuevas obligaciones para los agricultores
Para proteger a los agricultores, la Directiva acordada no impone nuevas obligaciones a los propietarios ni a los gestores de tierras. En cambio, obliga a los países de la UE a ayudarlos a mejorar la salud y la resiliencia del suelo (la capacidad del suelo para seguir desempeñando su importante papel en el ecosistema).
Las medidas de apoyo pueden incluir asesoramiento independiente, actividades de formación y desarrollo de capacidades, así como la promoción de la investigación y la innovación, y medidas para concienciar sobre los beneficios de la resiliencia del suelo.
Los Estados Miembros también deberán evaluar periódicamente el coste financiero que supone para los agricultores y silvicultores mejorar la salud y la resiliencia del suelo.
Suelos contaminados
La ley exigirá a los Estados Miembros que elaboren una lista pública de lugares potencialmente contaminados en un plazo de diez años a partir de su entrada en vigor y que aborden cualquier riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente.
Por último, 18 meses después de la entrada en vigor de la ley, se elaborará una lista indicativa de sustancias emergentes que podrían suponer un riesgo significativo para la salud del suelo, la salud humana o el medio ambiente, y para las que se necesitan datos. Esta lista incluirá las PFAS (también conocidas como "sustancias químicas permanentes") y los plaguicidas pertinentes.
Se espera que el Consejo adopte formalmente este acuerdo, mientras que el Parlamento deberá refrendar el texto en el pleno, en segunda lectura.
La directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. A partir de esta fecha, los países de la UE dispondrán de tres años para cumplirla.
