El proyecto de ley, compuesto por 18 artículos, introduce nuevas sanciones, tanto penales como administrativas, implementando medidas directas para proteger el Made in Italy y garantizar la calidad del producto.
Entre las novedades más significativas, introduce el delito de “fraude alimentario”, ampliando el abanico de conductas engañosas que se castigan, incluyendo a todos los sujetos implicados en la cadena de suministro de alimentos. Serán sancionadas aquellas acciones que causen perjuicio al consumidor en cuanto al origen, calidad o cantidad de los productos alimentarios, según ha precisado el Masaf.
Además, se introduce un delito específico, el "comercio de alimentos con marcados falsos", para combatir las prácticas engañosas relativas al etiquetado y las indicaciones de los productos. También se introducirá el delito de "agropiratería", que se dirige contra quienes cometen fraudes contra los compradores de productos alimentarios.
Otro aspecto fundamental se refiere a la protección de las IGPs y DOPs. Así, el proyecto de ley prevé medidas más severas para la protección y salvaguardia de los productos con estos sellos de calidad, con sanciones específicas contra la falsificación y el uso indebido de las marcas. En particular, se introducen nuevas disposiciones para garantizar que los productos con DOP e IGP se produzcan realmente de conformidad con las reglamentaciones nacionales y europeas.
El proyecto de ley también prevé que se destinen los alimentos confiscados debido a prácticas fraudulentas a fines benéficos, incluso en caso de incautación. Los alimentos incautados podrán ser donados a organismos públicos o asociaciones y consorcios con tareas asistenciales.
Otra novedad importante, según el Masaf, se refiere a las sanciones administrativas. La medida prevé una graduación de las sanciones en función de la gravedad de la infracción, con la introducción de medidas más disuasorias vinculando los importes a la facturación de las empresas implicadas.
Además, el proyecto de ley introduce medidas específicas para garantizar la trazabilidad y la seguridad de los productos.
A su vez, se crea formalmente la "Sala de Controles Administrativos", presidida por el Ministro de Agricultura italiano e involucrando a los más altos niveles de las instituciones encargadas de los controles.
Por último, el proyecto de ley también prevé la introducción del "Bloqueo Oficial Temporal", una herramienta de simplificación, que permitirá a los organismos de control paralizar temporalmente los productos que solo presenten anomalías administrativas, y ofreciendo a las empresas la posibilidad de subsanar la deficiencia documental en poco tiempo, garantizando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores sin incurrir en retrasos burocráticos.
El proyecto de ley, apoyado por el ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques, Francesco Lollobrigida, y en el que ha trabajado en colaboración con el ministro de Justicia, Carlo Nordio, "representa un compromiso concreto del Gobierno de Giorgia Meloni para defender el sistema agroalimentario italiano, donde las empresas que operan correctamente pueden competir en un mercado justo, donde los ciudadanos pueden tener confianza en lo que compran y donde el valor del Made in Italy está protegido y valorizado en cada etapa de la cadena de suministro”.
