Ley de la Cadena Alimentaria

El gerente de Laboratorio Tello, Juan Antonio Tello, reflexiona en este artículo en exclusiva para Mercacei sobre la rentabilidad del olivar tradicional y las claves para su subsistencia, que puede verse amenazada por normativas como el Real Decreto-ley 5/2020, que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria con el fin de mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales.

Incongruencia, perjuicio, incertidumbre, inseguridad o debacle son algunos de los términos con los que productores, expertos y operadores oleícolas han analizado el Real Decreto-ley 5/2020, aprobado recientemente, por el que se lleva a cabo una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria relativa a mejorar la posición negociadora y a lograr el justo reparto de los costes generales. A su juicio, se trata de medidas difíciles de aplicar que pueden ser perjudiciales para el sector.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado la consulta pública para modificar la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. El objetivo principal de esta modificación normativa es dotar de mayor trasparencia a las relaciones comerciales, reforzar la posición del productor y eliminar las prácticas comerciales desleales.

A continuación publicamos un comunicado remitido por Infaoliva en el que asegura que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) "se niega a responder a las preguntas formuladas por la federación y sus representantes abandonan la reunión".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) organizará unas jornadas informativas sobre la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y sus efectos inmediatos para detallar al sector agroalimentario las mejoras introducidas por el Gobierno. Estos encuentros, dirigidos a organizaciones agrarias, cooperativas y en general a todos los interesados, se celebrarán en tres ciudades: Jaén, Almería y Badajoz.

Almazaras Federadas de España ha criticado en un comunicado que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), "en un repentino cambio de criterio en la interpretación de la normativa, pretenda obligar a las almazaras industriales a liquidar y pagar la aceituna en un plazo máximo de 30 días desde su entrega por parte del agricultor".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remitido una carta a todos los consejeros y consejeras de Agricultura de las Comunidades Autónomas para que, en el ámbito de sus competencias, pongan en marcha las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para aportar soluciones a la compleja situación por la que atraviesa el sector agrícola.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto Ley que contempla medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.

El consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España, encabezado por su presidente, Ángel Villafranca, se reunió ayer con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a quien trasladó la necesidad de apostar fuertemente por un cooperativismo agroalimentario profesionalizado y dimensionado.

Desde 2014 -fecha de inicio de la actividad inspectora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)- hasta el 30 de junio pasado, los inspectores este organismo han realizado cerca de 4.000 inspecciones de oficio (3.912) que se han saldado con 1.245 sanciones. De ellas, un total de 143 correspondieron al sector del aceite de oliva y la aceituna.

Los planes de la Comisión Europea para abordar las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario han recibido en Luxemburgo el apoyo de los Ministros de Agricultura de la UE. Desde Copa-Cogeca aplauden la decisión mientras COAG considera que la regulación no mejorará la posición del agricultor.

La Comisión Europea (CE) ha propuesto prohibir las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos con objeto de garantizar un trato más justo para las pymes alimentarias y agrícolas, que con frecuencia no tienen poder de negociación ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a los consumidores.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha explicado que el Consejo estudiará el proyecto de directiva sobre prácticas comerciales desleales de la Comisión Europea, que refleja en parte lo que España viene haciendo desde hace casi cinco años, con la puesta en marcha de la ley de la cadena alimentaria.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha informado de que seguirá controlando el cumplimiento de la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En consecuencia, puede realizar comprobaciones de denuncias que reciba por incumplimientos de ley, e iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda por las irregularidades que constate en el ejercicio de sus funciones.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) realizó en 2016 un total de 105 inspecciones de oficio en el sector oleícola en el control del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Desde la creación de este organismo en 2014, la cifra asciende a 309.