PAC

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Crespo, ha mostrado su satisfacción -en lo que ha calificado como un "momento histórico"- por haber llegado, una vez más, a un acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias -Asaja, COAG y UPA- y Cooperativas Agro-alimentarias para plantear alegaciones conjuntas al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac).

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado a los integrantes del Comité Asesor Agrario que las ayudas que cobrarán los agricultores y ganaderos por acogerse a alguno de los nueve eco-regímenes previstos en la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 estarán exentas de tributación en el IRPF a lo largo de estos cinco años.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha presidido la sesión constitutiva del comité de seguimiento del Plan Estratégico para la aplicación en España de la Política Agraria Común (PAC), en el que participan representantes de las administraciones central y autonómica, organizaciones de productores y de la industria alimentaria, mujeres rurales, organizaciones ecologistas, consumidores y redes rurales, entre otros actores.

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha acordado las modificaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) que presentará al Gobierno central antes del día 1 de marzo. La Junta aprovechará este período de solicitud de cambios para proponer que el olivar y la ganadería ecológica sean considerados eco-regímenes "per se" con objeto de evitar que los productores dedicados a estas actividades tengan que llevar a cabo prácticas medioambientales adicionales para recibir las subvenciones, tal y como ocurría en el cobro de las ayudas del "greening" en años anteriores.

La entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC) altera el calendario habitual para la tramitación de las ayudas, según lo establecido en los Reales Decretos publicados a finales de diciembre de 2022.

La aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), que ha entrado en vigor el 1 de enero; la presidencia española de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre del año; y el seguimiento del funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria centrarán las prioridades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para 2023.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, aseguró ayer -durante su visita a la cooperativa Colival en Valdepeñas (Ciudad Real)- que con la nueva Política Agraria Común (PAC) los olivicultores podrán solicitar "una ayuda adicional excepcional que no existía hasta ahora para el olivar de bajo rendimiento, ya sea porque tiene una pendiente alta o porque cuenta con menos de 100 olivos por hectárea". En el conjunto de la región podrían beneficiarse alrededor de 140.000 hectáreas, según precisó.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinó el pago, por parte de las Comunidades Autónomas, de más de 4.037 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2022, que se inició el pasado 16 de octubre.

La habilitación de ayudas extraordinarias y urgentes de apoyo a los agricultores para hacer frente a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y la sequía; la aprobación definitiva del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), que permitirá su entrada en vigor el 1 de enero de 2023; o el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han sido algunos de los compromisos destacados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a lo largo de 2022.

El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un paquete legislativo compuesto por ocho reales decretos que regulan la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo de programación 2023-27 que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha puesto en valor los más de 363 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común (PAC) abonados por el Gobierno andaluz este mes de diciembre a cerca de 211.350 productores de esta Comunidad. Con este pago, el montante transferido a los agricultores y ganaderos andaluces supera los 1.227 millones de euros relativos a expedientes de la campaña 2022.

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva aprobó ayer por unanimidad una propuesta para la creación de un observatorio en defensa del aceite de oliva virgen por parte de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. El objetivo de este observatorio, que se crearía en el seno del Instituto Universitario de Investigación sobre Olivar y Aceites de Oliva de la Universidad de Jaén (UJA), es contribuir a hacer llegar de forma clara y sencilla a la población los beneficios del consumo de AOVE y contrarrestar, en base a la evidencia científica, la información falsa que se difunde sobre este producto.

Para analizar todos los desafíos a los que se enfrentarán los olivareros en la nueva Política Agraria Común (PAC), la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Sevilla celebró el pasado 19 de diciembre en Estepa una jornada específica donde se hizo especial hincapié "en la puesta en marcha de los eco-regímenes, una de las principales novedades que tendrá una importante repercusión en el cultivo del olivar, que supera en Andalucía los 1,6 millones de hectáreas, de las que 700.000 ha. pueden llegar a perder más del 25% de sus actuales ayudas".

La aprobación de los 28 planes estratégicos -uno por cada país de la UE y dos en el caso de Bélgica- por parte de la Comisión Europea (CE) marca el inicio de la nueva Política Agraria Común (PAC) prevista para el 1 de enero de 2023.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, ha solicitado a la Comisión Europea (CE) que habilite medidas de financiación alternativas, más allá de las ayudas de Estado o el uso de la reserva de crisis, para asegurar a los agricultores el abastecimiento necesario de fertilizantes a precios razonables con vistas, sobre todo, a las siembras de la próxima primavera.